¿DEBERÍA LA EDUCACIÓN FINANCIERA SUSTITUIR LOS UMBRALES DE RIQUEZA EN LA ACREDITACIÓN?

Los estándares de acreditación han servido durante mucho tiempo como guardianes en los mercados financieros, determinando quién puede acceder a ciertas oportunidades de inversión. Tradicionalmente, organismos reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) han definido a los inversores acreditados en función de sus ingresos y patrimonio neto. Estos umbrales —200.000 dólares de ingresos anuales individuales o 1 millón de dólares de activos netos (excluyendo la vivienda principal)— buscan restringir las inversiones de mayor riesgo a personas que se presumen financieramente sofisticadas y capaces de soportar pérdidas.

Sin embargo, los críticos argumentan que estos criterios son obsoletos y arbitrarios, impidiendo injustamente que personas con conocimientos, pero con menos recursos, participen en oportunidades lucrativas como fondos de cobertura, colocaciones privadas y ciertas empresas emergentes. Por el contrario, otras personas con un alto patrimonio neto pero con conocimientos financieros limitados pueden acceder a estas inversiones sin comprender realmente los riesgos. Esto ha encendido un debate político: ¿Debería la alfabetización financiera reemplazar a la riqueza como parámetro para la acreditación? En este artículo, examinamos el panorama regulatorio actual, exploramos los argumentos a favor de las evaluaciones de alfabetización financiera y analizamos los posibles desafíos e implicaciones de este cambio de paradigma.

El concepto de acreditación financiera surge de la necesidad de proteger a los inversores de pérdidas catastróficas en mercados complejos, ilíquidos o volátiles. Históricamente, las inversiones privadas carecían de la transparencia y la supervisión regulatoria disponibles en los mercados públicos. Sin la divulgación obligatoria, las advertencias de riesgo y una gobernanza formal, estas inversiones conllevan un riesgo sustancial, incluida la pérdida total de capital.

Por esta razón, los reguladores de todo el mundo restringen el acceso a estas inversiones mediante normas de acreditación. El supuesto que sustenta estas normas es que las personas que alcanzan los umbrales de ingresos o patrimonio neto poseen suficiente resiliencia financiera y experiencia para comprender y asumir el riesgo de la inversión. Estos umbrales, aunque algo burdos, sirven como indicadores fáciles de la sofisticación financiera.

Las ventajas de los umbrales actuales incluyen:

• Simplicidad administrativa: Los ingresos y el patrimonio son medibles, verificables y objetivos.
• Mitigación de riesgos: Los umbrales altos pueden proteger parcialmente a los inversores menos sofisticados de las ofertas no reguladas.
• Conservadurismo político: La cautela se alinea con los mandatos de protección de los inversores.

Sin embargo, el sistema recibe cada vez más críticas por sus efectos excluyentes. Un profesional con conocimientos financieros que no cumpla los criterios de patrimonio neto puede ser excluido, mientras que un heredero adinerado con poca perspicacia financiera puede ser elegible. Esta disparidad plantea dudas sobre la eficacia y la equidad del modelo actual.

Méritos del conocimiento financiero como métrica

La propuesta de pasar de los puntos de referencia de riqueza a un marco basado en la alfabetización financiera está impulsada por la creencia de que el conocimiento, no el patrimonio neto, debería determinar quién puede participar en ciertos vehículos de inversión. El apoyo a este cambio está creciendo en respuesta a la desigualdad económica y al mayor acceso a la educación financiera y a la inversión autodirigida.

Los argumentos clave a favor de la acreditación basada en la alfabetización incluyen:

• Alinea el acceso con la capacidad: Una prueba o credencial de alfabetización garantiza que el acceso se base en la comprensión, no en la riqueza.
• Promueve la inclusión financiera: Permite a personas de diversos orígenes socioeconómicos buscar inversiones de mayor rendimiento.
• Fomenta la educación: Los incentivos regulatorios podrían impulsar el conocimiento financiero entre el público.
• Moderniza distinciones obsoletas: Los inversores actuales tienen un acceso sin precedentes a información, cursos en línea y herramientas.

En la práctica, la alfabetización financiera podría evaluarse mediante pruebas estandarizadas o la realización de cursos certificados de educación financiera. Algunos reguladores ya han comenzado a explorar este modelo. Por ejemplo, la SEC actualizó su definición de inversor acreditado en 2020 para incluir a las personas que poseen ciertas licencias profesionales, como los exámenes de las Series 7, 65 o 82. Estas reformas representan un pequeño pero significativo cambio hacia la acreditación basada en competencias. Al ampliar este enfoque, se podría democratizar la inversión, manteniendo al mismo tiempo las protecciones esenciales para los inversores mediante la selección meritocrática.